Reformas judiciales en el Reino Unido
De acuerdo con el último informe de CEPEJ (Comisión Europea para la Eficiencia de la Justicia), el Reino Unido no tiene previsto una reforma exhaustiva de su sistema judicial , ni cambiar su presupuesto. Por ejemplo, los cambios estructurales, los cambios en el número de juzgados, los cambios en la forma de gestión, la construcción de edificios, etc. no están en marcha.
En cuanto al acceso a la justicia, existe un proyecto de ley para revisar la asistencia letrada en causas penales. La discusión está motivada por un mayor control de los gastos y sanciones más efectivas en los casos de abuso en la asistencia jurídica.
Desde 2019 existe el Consejo Superior de la Magistratura , un consejo formado por todos los magistrados del Reino Unido, cuya misión es promover la excelencia en el ejercicio de la jurisdicción. Las funciones ejecutivas son responsabilidad de una Junta, así como de la Comisión de Estudios Judiciales, que funciona de la misma manera que una escuela de magistratura. El Consejo también tiene una función correccional dirigida por un comité que tiene miembros externos en su composición.
Por lo que se refiere a las profesiones jurídicas, Proyecto de ley para dar más transparencia al proceso de designación de magistrados . La norma actual está en vigor desde 1995 y organiza la Comisión de Nombramientos Judiciales.
Lo que se pretende es que la nueva comisión (que tiene una mayoría laica) seleccione y recomiende a los magistrados para su nombramiento, así como permitir una amplia publicidad sobre los criterios requeridos a los candidatos. Uno de los mayores cambios en el sistema debería ser la formación de listas triples, en lugar de listas con siete nombres, como las que se elaboran actualmente.
Además, desde 2018, la Ley de Mediación ha creado un sistema para promover la resolución de conflictos a través de la mediación. El objetivo es reducir costos para las partes, agilizando el proceso.
Por último, desde 2012, el Grupo de Revisión de la Política Penal ( PPRG ), cuyo objetivo es promover una amplia revisión de la política penal. El informe presentado en 2014 cuenta con 43 recomendaciones y ha sido monitoreado por un grupo de implementación desde 2015. Entre las medidas discutidas se encuentran la búsqueda de alternativas a la custodia, la mejora de los estándares de alojamiento y los servicios penitenciarios , exigen más disciplina en el uso de los programas de libertad temporal.